Los delitos de personas jurídicas son aquellos ilícitos penales cometidos por, para o a través de la empresa, que generan responsabilidad penal directamente para la organización, al margen de la responsabilidad individual de sus directivos o empleados. Esto significa que la persona jurídica, como ente autónomo, puede ser imputada y sancionada por la comisión de ciertos delitos.
La gama de delitos por los cuales una persona jurídica puede ser responsabilizada es amplia y abarca diversas áreas críticas para la operación empresarial. Entre los más comunes se encuentran:
Delitos como el fraude, la estafa, el lavado de activos, la apropiación indebida y la corrupción son ejemplos clave. Estos pueden afectar la integridad financiera y la reputación de la empresa. Para profundizar en cómo la legislación aborda estos temas, te invitamos a leer nuestra nota: ¿Qué es y para qué sirve la nueva Ley de Delitos Económicos?
Incluyen la contaminación de aguas, suelos o aire, la gestión ilegal de residuos, y cualquier acción que cause un daño significativo al medio ambiente, contraviniendo las normativas vigentes.
Se refieren a las conductas que ponen en riesgo la vida, integridad o salud de los trabajadores, especialmente cuando existe una infracción grave a las normativas de prevención de riesgos laborales.
Cuando la empresa, a través de sus representantes, influye indebidamente en decisiones públicas o privadas para obtener un beneficio propio, generando un impacto negativo en la transparencia y la competencia justa.
La responsabilidad penal de una persona jurídica se atribuye cuando el delito es cometido por:
- Directivos o representantes legales: Actuando en nombre y en beneficio de la empresa.
- Empleados o colaboradores: Bajo la supervisión de los directivos, y cuando la comisión del delito se ve favorecida por la ausencia o deficiencia de los controles internos de la organización.
Es decir, no basta con la comisión del delito, sino que debe existir una conexión entre la conducta ilícita y el beneficio o interés de la persona jurídica, o una falta de diligencia en la supervisión y prevención.
Las sanciones por delitos de personas jurídicas son severas y buscan desincentivar estas prácticas. Las empresas pueden enfrentar consecuencias que van más allá de una simple multa, afectando su operatividad y existencia:
Pueden ascender a sumas millonarias, impactando directamente la estabilidad financiera de la empresa.
En casos graves, la autoridad judicial puede ordenar el cierre de la compañía, impidiendo su continuidad operacional.
Una de las sanciones más perjudiciales, que inhabilita a la empresa para participar en licitaciones y contratos públicos, cerrando una importante fuente de ingresos.
Implicando un aumento en la carga tributaria y una desventaja competitiva.
Ciertas circunstancias pueden incrementar la severidad de las sanciones impuestas a una persona jurídica:
Si la empresa ha cometido delitos similares en el pasado o no ha implementado medidas correctivas después de una infracción.
Cuando la organización, a través de sus directivos o empleados, intenta ocultar o manipular la evidencia de un delito.
Si el delito es cometido con la participación directa o el conocimiento y aquiescencia de los niveles más altos de la gerencia.
La ausencia o la ineficacia de un modelo de prevención de delitos (como un modelo de compliance) es un factor determinante que agrava la responsabilidad, demostrando falta de diligencia por parte de la empresa.
En un entorno donde la responsabilidad penal de las empresas es una realidad, contar con herramientas robustas para la prevención y el cumplimiento normativo es vital. Sheriff se posiciona como el aliado estratégico para tu organización, ayudando a mitigar los riesgos asociados a los delitos de personas jurídicas:
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