Desde el pasado sábado 4 de mayo, el artículo 17 N de la Ley N° 21.398 está en pleno efecto. Esta ley, que modifica la Ley de Protección al Consumidor N° 19.496, ha establecido requisitos más estrictos para evaluar la solvencia económica de los consumidores antes de conceder créditos. ¿Qué implica esta medida y cómo puede afectarte?
La nueva normativa obliga a las instituciones financieras a realizar un análisis minucioso de la situación financiera de los consumidores antes de otorgarles créditos. Este análisis busca determinar si los consumidores tienen la capacidad de pago necesaria para cumplir con las obligaciones del crédito solicitado y evitar así el sobreendeudamiento.
El análisis de solvencia económica debe considerar varios aspectos, como los ingresos actuales y previsibles del consumidor durante el plazo del crédito, su nivel de endeudamiento, antecedentes de morosidad, situación de empleo, patrimonio, ahorro, gastos fijos, comportamiento de pago y la existencia y calidad de garantías.
Las instituciones financieras deben utilizar datos precisos y actualizados obtenidos de fuentes oficiales para realizar este análisis. Además, deben comunicar de manera clara y transparente los resultados del análisis al consumidor, tanto en formato físico como digital.
El informe de resultado de la solicitud de crédito y el análisis de solvencia económica debe incluir detalles como el nombre del producto solicitado, nombre de la institución financiera, fecha de solicitud, detalle del producto solicitado, resultados del análisis de solvencia económica y motivos en caso de rechazo de la solicitud.
El reglamento establece la prohibición de ofrecer créditos en instituciones de educación superior que no estén directamente relacionados con servicios educativos, con el objetivo de proteger a los estudiantes de prácticas abusivas y endeudamientos innecesarios.
Para los consumidores, esta nueva ley significa una mayor protección contra el sobreendeudamiento y una mayor transparencia en el proceso de solicitud de créditos. Además, se busca evitar cualquier discriminación arbitraria en el proceso de evaluación de solvencia económica.
El reglamento enfatiza la importancia de proteger los datos personales de los consumidores, asegurando que las instituciones financieras solo recopilen los datos necesarios para el análisis de solvencia y eviten cualquier discriminación arbitraria en el proceso.
En resumen, la nueva ley de evaluación de solvencia económica busca promover un sistema de crédito más responsable, protegiendo a los consumidores del sobreendeudamiento y garantizando una mayor transparencia y protección de datos en el proceso de solicitud de créditos.
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